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DENUNCIA POR CRIMENES DE GUERRA CONTRA ISRAEL Y NETANYAHU
Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0200
10 de abril de 2026
El partido político IUSTITIA EUROPA ha interpuesto hoy una denuncia penal ante la Audiencia Nacional de España contra el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi, así como contra otros mandos y militares israelíes aún por identificar, por la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, detención ilegal y coacciones. Estos graves hechos tuvieron lugar el pasado 7 de abril de 2026 en el sur del Líbano, afectando directamente a un sargento español integrante de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).
El incidente, que IUSTITIA EUROPA califica de ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional, se produjo cuando un convoy logístico del contingente español de la FINUL fue interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh. El personal español operaba bajo el amparo de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. Durante la interceptación, un sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante, antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática.
IUSTITIA EUROPA subraya que este acto no es un incidente aislado, sino que se enmarca en un patrón de creciente hostigamiento y agresiones contra el personal de mantenimiento de la paz de la FINUL en la región, lo que agrava la naturaleza de los hechos denunciados y evidencia un desprecio sistemático por las normas del Derecho Internacional. La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional se fundamenta en la competencia de la jurisdicción española, invocando el principio de personalidad pasiva, al ser la víctima un nacional español, y el principio de jurisdicción universal, dado que los delitos imputados son de naturaleza grave y no están siendo investigados de forma efectiva en Israel.
La calificación jurídico-penal de los hechos incluye crímenes de guerra, conforme al artículo 612 del Código Penal, que tipifica los ataques contra el personal de misiones de mantenimiento de la paz, así como la detención ilegal y las coacciones. Estos delitos se encuentran en consonancia con el Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que considera un crimen de guerra el ataque intencionado contra el personal de misiones de mantenimiento de la paz. La actuación de las IDF al interceptar un convoy de la FINUL y agredir a uno de sus miembros constituye un ataque directo a la autoridad de la ONU y una grave infracción de las obligaciones internacionales.
La denuncia también aborda la responsabilidad penal de los autores materiales y, crucialmente, la de los superiores jerárquicos. Se argumenta que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y el Jefe del Estado Mayor Herzi Halevi, en su calidad de máximos responsables de las Fuerzas de Defensa de Israel, tenían el control efectivo sobre las fuerzas implicadas y, por tanto, deben rendir cuentas por la falta de medidas para prevenir estos crímenes, así como por la omisión del deber de investigar y sancionar a los responsables tras la protesta diplomática de España. La falta de una investigación adecuada y transparente por parte de las autoridades israelíes refuerza la necesidad de la intervención de la justicia española.
Luis María Pardo, ha declarado al respecto: “No podemos permitir que la impunidad se instale en la comunidad internacional. El ataque y la detención ilegal de un militar español, que cumplía con su deber bajo la bandera de las Naciones Unidas, es una afrenta directa a la soberanía de España, a la autoridad de la ONU y a los principios más elementales del Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno de Israel, bajo el liderazgo de Netanyahu, ha demostrado un desprecio absoluto por la vida y la seguridad del personal de paz. No se trata de un error, sino de una política de hostigamiento deliberado que busca socavar la misión de la FINUL y operar al margen de cualquier norma. La violencia ejercida contra nuestro sargento no es solo un acto criminal, es un mensaje de intimidación a toda la comunidad internacional. La protección de las fuerzas de paz no es negociable; es un pilar fundamental para la estabilidad global. Exigimos una investigación exhaustiva, la identificación de todos los implicados y la aplicación rigurosa de la ley. Este no es solo un caso de agresión a un militar español; es una defensa de la legalidad internacional y de la dignidad de quienes arriesgan sus vidas por la paz. Si el Estado de Israel se cree por encima de la ley, es deber de las democracias consolidadas, como España, recordarle que nadie está exento de responsabilidad penal por crímenes de guerra.”
El objetivo es esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades penales y garantizar que los ataques contra fuerzas de paz y la legalidad internacional no queden impunes. La denuncia de IUSTITIA EUROPA no solo busca justicia para el militar español agredido, sino que también pretende sentar un precedente claro sobre la responsabilidad de los altos mandos en la prevención y sanción de crímenes internacionales, reafirmando el compromiso de España con el Derecho Internacional y la protección de sus ciudadanos en misiones de paz.
El incidente, que IUSTITIA EUROPA califica de ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional, se produjo cuando un convoy logístico del contingente español de la FINUL fue interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh. El personal español operaba bajo el amparo de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. Durante la interceptación, un sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante, antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática.
IUSTITIA EUROPA subraya que este acto no es un incidente aislado, sino que se enmarca en un patrón de creciente hostigamiento y agresiones contra el personal de mantenimiento de la paz de la FINUL en la región, lo que agrava la naturaleza de los hechos denunciados y evidencia un desprecio sistemático por las normas del Derecho Internacional. La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional se fundamenta en la competencia de la jurisdicción española, invocando el principio de personalidad pasiva, al ser la víctima un nacional español, y el principio de jurisdicción universal, dado que los delitos imputados son de naturaleza grave y no están siendo investigados de forma efectiva en Israel.
La calificación jurídico-penal de los hechos incluye crímenes de guerra, conforme al artículo 612 del Código Penal, que tipifica los ataques contra el personal de misiones de mantenimiento de la paz, así como la detención ilegal y las coacciones. Estos delitos se encuentran en consonancia con el Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que considera un crimen de guerra el ataque intencionado contra el personal de misiones de mantenimiento de la paz. La actuación de las IDF al interceptar un convoy de la FINUL y agredir a uno de sus miembros constituye un ataque directo a la autoridad de la ONU y una grave infracción de las obligaciones internacionales.
La denuncia también aborda la responsabilidad penal de los autores materiales y, crucialmente, la de los superiores jerárquicos. Se argumenta que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y el Jefe del Estado Mayor Herzi Halevi, en su calidad de máximos responsables de las Fuerzas de Defensa de Israel, tenían el control efectivo sobre las fuerzas implicadas y, por tanto, deben rendir cuentas por la falta de medidas para prevenir estos crímenes, así como por la omisión del deber de investigar y sancionar a los responsables tras la protesta diplomática de España. La falta de una investigación adecuada y transparente por parte de las autoridades israelíes refuerza la necesidad de la intervención de la justicia española.
Luis María Pardo, ha declarado al respecto: “No podemos permitir que la impunidad se instale en la comunidad internacional. El ataque y la detención ilegal de un militar español, que cumplía con su deber bajo la bandera de las Naciones Unidas, es una afrenta directa a la soberanía de España, a la autoridad de la ONU y a los principios más elementales del Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno de Israel, bajo el liderazgo de Netanyahu, ha demostrado un desprecio absoluto por la vida y la seguridad del personal de paz. No se trata de un error, sino de una política de hostigamiento deliberado que busca socavar la misión de la FINUL y operar al margen de cualquier norma. La violencia ejercida contra nuestro sargento no es solo un acto criminal, es un mensaje de intimidación a toda la comunidad internacional. La protección de las fuerzas de paz no es negociable; es un pilar fundamental para la estabilidad global. Exigimos una investigación exhaustiva, la identificación de todos los implicados y la aplicación rigurosa de la ley. Este no es solo un caso de agresión a un militar español; es una defensa de la legalidad internacional y de la dignidad de quienes arriesgan sus vidas por la paz. Si el Estado de Israel se cree por encima de la ley, es deber de las democracias consolidadas, como España, recordarle que nadie está exento de responsabilidad penal por crímenes de guerra.”
El objetivo es esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades penales y garantizar que los ataques contra fuerzas de paz y la legalidad internacional no queden impunes. La denuncia de IUSTITIA EUROPA no solo busca justicia para el militar español agredido, sino que también pretende sentar un precedente claro sobre la responsabilidad de los altos mandos en la prevención y sanción de crímenes internacionales, reafirmando el compromiso de España con el Derecho Internacional y la protección de sus ciudadanos en misiones de paz.
