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IUSTITIA EUROPA CONSIGUE QUE EL SUPREMO EXIJA AL GOBIERNO ACREDITAR EL DNI DIGITAL EL 29N.
Tue, 17 Nov 2026 00:00:00 +0100
17 de noviembre de 2026
EL TRIBUNAL SUPREMO DA DOS DÍAS A INTERIOR PARA CERTIFICAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LOS TELÉFONOS LECTORES QR CONFORME AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.
IUSTITIA EUROPA SOLICITA AL SUPREMO EL CONTRATO DE EMERGENCIA DE 7 MILLONES DE EUROS, ADJUDICADO A TELEFÓNICA DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA IDENTIFICAR A LOS FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE LOS 61.603 TELÉFONOS LECTORES QR.
El partido político Iustitia Europa, candidatura al Congreso y Senado por la circunscripción de Madrid en las elecciones del 29N y que impulsó las actuaciones ante la Junta Electoral Central que dieron origen al procedimiento judicial seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha conseguido un nuevo avance en su defensa de las garantías electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, ha dictado una providencia de fecha 17 de noviembre de 2026, en el marco del recurso ordinario 2317/2026 promovido por Iustitia Europa, mediante la que requiere al Ministerio del Interior que acredite los controles de seguridad realizados sobre los 61.603 dispositivos contratados para verificar la identidad de los electores mediante el DNI digital (MiDNI). El Alto Tribunal exige a la directora general de Política Interior que, en el plazo de dos días desde la notificación y bajo su responsabilidad, certifique si se han realizado los controles de seguridad exigidos por el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, regulador del Esquema Nacional de Seguridad. Asimismo, dispone que, en caso de certificación afirmativa, se aporte la correspondiente documentación técnica justificativa de las verificaciones y controles efectuados. 61.603 teléfonos móviles y un contrato de 7 millones de euros. Según la información publicada sobre la contratación, el Ministerio del Interior adjudicó mediante procedimiento de emergencia a Telefónica Defensa y Seguridad un contrato por importe de 7.000.455 euros para el alquiler de 61.603 dispositivos destinados a verificar los códigos QR generados por la aplicación MiDNI.
Luis María Pardo: «Hemos conseguido que el Supremo exija al Gobierno pruebas técnicas sobre la seguridad del DNI digital» El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, destaca la importancia de esta resolución: «Llevamos meses defendiendo las garantías electorales con trabajo jurídico, documentación oficial y pruebas periciales. Hoy hemos conseguido que el Tribunal Supremo exija al Gobierno que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos con los que se pretende identificar a los españoles en las urnas. Cada voto merece la máxima protección y cada elector, todas las garantías». Pardo insiste en la importancia de conocer las características de los dispositivos contratados: «Queremos conocer la marca y el modelo de los teléfonos, las verificaciones realizadas y las garantías de seguridad que ofrecen. Estamos hablando de un contrato de siete millones de euros y de un procedimiento que afecta directamente a la identificación de los votantes. La transparencia y la seguridad jurídica deben estar presentes en cada mesa electoral». La formación aportó igualmente un dictamen pericial elaborado por el ingeniero de Telecomunicación y especialista en ciberseguridad, centrado en las garantías de autenticidad del sistema MiDNI y los mecanismos de verificación de identidad. La nueva providencia representa un paso relevante en ese recorrido jurídico, al requerir directamente al Ministerio del Interior documentación técnica sobre la seguridad de los dispositivos electorales.
Iustitia Europa impulsó el procedimiento que ha llevado el DNI digital ante el Tribunal Supremo. Las actuaciones se remontan al mes de agosto de 2026, cuando Iustitia Europa promovió ante la Junta Electoral Central una iniciativa destinada a supervisar las garantías de identificación digital de los electores. Como consecuencia de aquellas actuaciones, la Junta Electoral Central solicitó informes a distintos organismos oficiales, entre ellos la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de la Policía. Tras examinar la documentación recibida y las condiciones previstas para la utilización de MiDNI en las elecciones generales, Iustitia Europa solicitó garantías adicionales y promovió el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
IUSTITIA EUROPA SOLICITA AL SUPREMO EL CONTRATO DE EMERGENCIA DE 7 MILLONES DE EUROS, ADJUDICADO A TELEFÓNICA DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA IDENTIFICAR A LOS FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE LOS 61.603 TELÉFONOS LECTORES QR.
El partido político Iustitia Europa, candidatura al Congreso y Senado por la circunscripción de Madrid en las elecciones del 29N y que impulsó las actuaciones ante la Junta Electoral Central que dieron origen al procedimiento judicial seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha conseguido un nuevo avance en su defensa de las garantías electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, ha dictado una providencia de fecha 17 de noviembre de 2026, en el marco del recurso ordinario 2317/2026 promovido por Iustitia Europa, mediante la que requiere al Ministerio del Interior que acredite los controles de seguridad realizados sobre los 61.603 dispositivos contratados para verificar la identidad de los electores mediante el DNI digital (MiDNI). El Alto Tribunal exige a la directora general de Política Interior que, en el plazo de dos días desde la notificación y bajo su responsabilidad, certifique si se han realizado los controles de seguridad exigidos por el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, regulador del Esquema Nacional de Seguridad. Asimismo, dispone que, en caso de certificación afirmativa, se aporte la correspondiente documentación técnica justificativa de las verificaciones y controles efectuados. 61.603 teléfonos móviles y un contrato de 7 millones de euros. Según la información publicada sobre la contratación, el Ministerio del Interior adjudicó mediante procedimiento de emergencia a Telefónica Defensa y Seguridad un contrato por importe de 7.000.455 euros para el alquiler de 61.603 dispositivos destinados a verificar los códigos QR generados por la aplicación MiDNI.
Luis María Pardo: «Hemos conseguido que el Supremo exija al Gobierno pruebas técnicas sobre la seguridad del DNI digital» El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, destaca la importancia de esta resolución: «Llevamos meses defendiendo las garantías electorales con trabajo jurídico, documentación oficial y pruebas periciales. Hoy hemos conseguido que el Tribunal Supremo exija al Gobierno que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos con los que se pretende identificar a los españoles en las urnas. Cada voto merece la máxima protección y cada elector, todas las garantías». Pardo insiste en la importancia de conocer las características de los dispositivos contratados: «Queremos conocer la marca y el modelo de los teléfonos, las verificaciones realizadas y las garantías de seguridad que ofrecen. Estamos hablando de un contrato de siete millones de euros y de un procedimiento que afecta directamente a la identificación de los votantes. La transparencia y la seguridad jurídica deben estar presentes en cada mesa electoral». La formación aportó igualmente un dictamen pericial elaborado por el ingeniero de Telecomunicación y especialista en ciberseguridad, centrado en las garantías de autenticidad del sistema MiDNI y los mecanismos de verificación de identidad. La nueva providencia representa un paso relevante en ese recorrido jurídico, al requerir directamente al Ministerio del Interior documentación técnica sobre la seguridad de los dispositivos electorales.
Iustitia Europa impulsó el procedimiento que ha llevado el DNI digital ante el Tribunal Supremo. Las actuaciones se remontan al mes de agosto de 2026, cuando Iustitia Europa promovió ante la Junta Electoral Central una iniciativa destinada a supervisar las garantías de identificación digital de los electores. Como consecuencia de aquellas actuaciones, la Junta Electoral Central solicitó informes a distintos organismos oficiales, entre ellos la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de la Policía. Tras examinar la documentación recibida y las condiciones previstas para la utilización de MiDNI en las elecciones generales, Iustitia Europa solicitó garantías adicionales y promovió el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.