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IUSTITIA EUROPA INICIA UNA OFENSIVA LEGAL CONTRA EL
Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0200
29 de junio de 2026
Denuncia ante la Junta Electoral Central las altas masivas en el censo Cera a través de la Ley de Nietos.
El partido político insta a actuar de manera inmediata, investigando a Consulados y la Oficina del Censo Electoral.
Luis María Pardo exige saber a qué provincia se adscribe cada nuevo elector y con qué soporte documental.
la clave: Saber por qué cientos de miles de nuevos electores exteriores están siendo adscritos a provincias concretas.
El partido político Iustitia Europa ha formalizado DENUNCIA Y SOLICITUD DE ACTUACIÓN URGENTE por la incorporación masiva de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes —CERA— como consecuencia de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, conocida como “Ley de Nietos”.
El objeto de esta denuncia es la fiscalización inmediata de las altas producidas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Según los datos analizados por el equipo jurídico del partido, la población española residente en el extranjero ha alcanzado los 3.202.002 inscritos a 1 de enero de 2026, lo que supone un incremento anual del 5,1%, una cifra que desborda la capacidad de control de la administración consular.
En el escrito presentado ante la Junta Electoral Central, Iustitia Europa fundamenta su pretensión en la necesidad de preservar la "pureza del censo" como presupuesto indispensable para la validez del sufragio. La denuncia se ampara en la función de supervisión que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General atribuye a la JEC. Tal y como establece el Artículo 8 de la LOREG. La formación política sostiene que el crecimiento exponencial de solicitudes de nacionalidad ha generado una saturación en los consulados (especialmente en Argentina, Brasil y Cuba) que impide una calificación registral rigurosa. Esta situación, calificada como "incapacidad material de fiscalización", podría estar derivando en "altas de complacencia". Por ello, se invoca la obligación de la Oficina del Censo Electoral (OCE) contenida en el Artículo 30 de la LOREG.
Luis María Pardo ha declarado “El censo no puede ser una caja negra. Si entran cientos de miles de nuevos electores desde el extranjero, España tiene derecho a saber con qué expediente, en qué consulado, en qué fecha y, sobre todo, por qué se les adscribe a una provincia concreta ya que en España los escaños se ganan provincia a provincia. Por eso, una adscripción artificial de voto exterior puede alterar el resultado electoral.
El punto central de la denuncia es la adscripción provincial del voto exterior. La organización ha instado a la JEC para que solicite que la Oficina del Censo Electoral proceda al desglose pormenorizado de las altas en el CERA por causa de adscripción provincial, al ser imprescindible conocer los criterios y el soporte documental que justifican que un residente en el extranjero, tras optar a la nacionalidad mediante la Ley 20/2022, sea adscrito a una provincia concreta. Esta fiscalización es la única vía para evitar una eventual concentración artificial de votos en circunscripciones con escaso margen de escaños y garantizar que la adscripción responde a un arraigo real y legalmente acreditado.
Por último, Iustitia Europa sostiene que la Junta Electoral Central tiene competencia directa para actuar a través del artículo 8 de la LOREG que establece que la Administración Electoral tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad.
El partido político insta a actuar de manera inmediata, investigando a Consulados y la Oficina del Censo Electoral.
Luis María Pardo exige saber a qué provincia se adscribe cada nuevo elector y con qué soporte documental.
la clave: Saber por qué cientos de miles de nuevos electores exteriores están siendo adscritos a provincias concretas.
El partido político Iustitia Europa ha formalizado DENUNCIA Y SOLICITUD DE ACTUACIÓN URGENTE por la incorporación masiva de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes —CERA— como consecuencia de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, conocida como “Ley de Nietos”.
El objeto de esta denuncia es la fiscalización inmediata de las altas producidas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Según los datos analizados por el equipo jurídico del partido, la población española residente en el extranjero ha alcanzado los 3.202.002 inscritos a 1 de enero de 2026, lo que supone un incremento anual del 5,1%, una cifra que desborda la capacidad de control de la administración consular.
En el escrito presentado ante la Junta Electoral Central, Iustitia Europa fundamenta su pretensión en la necesidad de preservar la "pureza del censo" como presupuesto indispensable para la validez del sufragio. La denuncia se ampara en la función de supervisión que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General atribuye a la JEC. Tal y como establece el Artículo 8 de la LOREG. La formación política sostiene que el crecimiento exponencial de solicitudes de nacionalidad ha generado una saturación en los consulados (especialmente en Argentina, Brasil y Cuba) que impide una calificación registral rigurosa. Esta situación, calificada como "incapacidad material de fiscalización", podría estar derivando en "altas de complacencia". Por ello, se invoca la obligación de la Oficina del Censo Electoral (OCE) contenida en el Artículo 30 de la LOREG.
Luis María Pardo ha declarado “El censo no puede ser una caja negra. Si entran cientos de miles de nuevos electores desde el extranjero, España tiene derecho a saber con qué expediente, en qué consulado, en qué fecha y, sobre todo, por qué se les adscribe a una provincia concreta ya que en España los escaños se ganan provincia a provincia. Por eso, una adscripción artificial de voto exterior puede alterar el resultado electoral.
El punto central de la denuncia es la adscripción provincial del voto exterior. La organización ha instado a la JEC para que solicite que la Oficina del Censo Electoral proceda al desglose pormenorizado de las altas en el CERA por causa de adscripción provincial, al ser imprescindible conocer los criterios y el soporte documental que justifican que un residente en el extranjero, tras optar a la nacionalidad mediante la Ley 20/2022, sea adscrito a una provincia concreta. Esta fiscalización es la única vía para evitar una eventual concentración artificial de votos en circunscripciones con escaso margen de escaños y garantizar que la adscripción responde a un arraigo real y legalmente acreditado.
Por último, Iustitia Europa sostiene que la Junta Electoral Central tiene competencia directa para actuar a través del artículo 8 de la LOREG que establece que la Administración Electoral tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad.
