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IUSTITIA EUROPA INTERPONE QUERELLA CONTRA TODO EL CONSEJO DE MINISTROS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA POR EL RESCATE DE PLUS ULTRA.
Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0200
21 de mayo de 2026
SEÑALA AL GOBIERNO DE SER EL ESLABÓN FINAL DEL RESCATE DE LA AEROLINEA.
El partido político IUSTITIA EUROPA ha formalizado en el día de hoy QUERELLA ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los miembros del CONSEJO DE MINISTROS del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón que participaron en la aprobación del Acuerdo de 9 de marzo de 2021. Dicho acuerdo autorizó el desembolso de 53.000.000 de euros en concepto de ayuda pública a la entidad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A., a pesar de los indicios que apuntan a su absoluta inelegibilidad y a la existencia de una red de influencias ilícitas que habría predeterminado la decisión gubernamental. La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de delitos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y TRÁFICO DE INFLUENCIAS. La querella de Iustitia Europa se ancla en los reveladores indicios contenidos en el Auto de 18 de mayo de 2026 dictado por el Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción n.º 2, antiguo Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional. Según dicha resolución, el rescate de Plus Ultra habría sido el “eslabón final” de una operativa orquestada por una trama liderada presuntamente por el expresidente JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO y su entorno, denominada internamente como “Boutique Financiera”.
La instrucción ha revelado indiciariamente la existencia de un contrato del 1 %, equivalente a aproximadamente 530.000 euros, vinculado a la obtención de la ayuda pública, lo que apuntaría a que la resolución del Consejo de Ministros no respondió al interés general, sino a una posible mediación interesada. Es especialmente grave el dato de que los implicados conocieran la fecha exacta de aprobación en el Consejo de Ministros semanas antes de que se produjera, lo que situaría al Ejecutivo no como un órgano engañado, sino como el supuesto ejecutor de una hoja de ruta predeterminada.
La querella articula una tesis de responsabilidad penal individualizada en el seno de un órgano colegiado, fundamentada en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el "torcimiento del derecho" y la "ceguera deliberada" (Sentencia del Tribunal Supremo 749/2022, de 13 de septiembre). Se sostiene que el Acuerdo de 9 de marzo de 2021 no constituye un acto político de discrecionalidad gubernativa, sino una resolución administrativa reglada sujeta a los estrictos presupuestos de elegibilidad del Real Decreto-ley 25/2020, cuya vulneración flagrante —al autorizar el rescate de una entidad que se encontraba en situación de crisis técnica e insolvencia a 31 de diciembre de 2019 y que mantenía deudas ejecutivas con la Seguridad Social— integra los elementos objetivos y subjetivos de los delitos de Prevaricación Administrativa (Artículo 404 del Código Penal) y Malversación de Caudales Públicos (Artículo 432 del Código Penal).
La querella subraya que la existencia de una presunta red de intermediación ilícita, que habría pactado una "cuota de éxito" del 1 % y conoció anticipadamente la resolución gubernamental semanas antes de su adopción, vicia de nulidad radical el proceso decisorio. La formación política argumenta que la colegialidad no puede operar como un refugio de impunidad ni como una técnica de disolución de la responsabilidad penal cuando se acredita que el órgano decisor omitió los controles esenciales ante alertas de inelegibilidad, permitiendo que el patrimonio público fuera destinado a un fin ajeno al legalmente previsto, lo que vincula directamente la decisión del Consejo de Ministros con la operativa de Tráfico de Influencias (Artículos 428 a 430 del Código Penal) descrita en la investigación del Tribunal Central de Instancia.
A juicio de Luis Maria Pardo, y de manera indiciaria, el Consejo de Ministros actuó como el eslabón final de una cadena de transmisión de una resolución materialmente injusta, la mas grande de todas. El Acuerdo era un acto de disposición patrimonial, lo que vincula la decisión directamente con el supuesto delito de Malversación de caudales públicos del Artículo 432 del Código Penal. Si se autorizó la salida de dinero público hacia una entidad que legalmente no podía recibirlo, se ha producido un desvío de fondos de su finalidad legítima.
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha señalado: “Sánchez ha quedado unido indisolublemente al futuro judicial Zapatero. El rescate de Plus Ultra no es un episodio aislado, sino una radiografía del poder político cuando utiliza las instituciones como una maquinaria al servicio de intereses privados. España no puede seguir gobernada bajo la sospecha permanente de la mordida, el favor y la impunidad. O la sociedad actúa, o aceptamos ser espectadores de nuestra propia decadencia.”
Un clamor por el Reinicio Moral de España
Desde el movimiento se denuncia que el caso Plus Ultra no es un hecho aislado, sino el paradigma de una corrupción total y sistémica que asfixia a España. La formación señala que el país asiste con estupor a una sucesión interminable de escándalos que afectan al núcleo familiar, político e institucional de Sánchez, desde las investigaciones sobre David Sánchez, Begoña Gómez y Santos Cerdán, hasta el caso Ábalos y las sospechas sobre financiación irregular del PSOE, pasando por un Fiscal General del Estado condenado, España ya no vive una sucesión de escándalos aislados: vive una corrupción total del sistema. Para Iustitia Europa, la utilización partidista de las instituciones, del dinero público y de los órganos del Estado exige una respuesta inmediata. No basta con cambiar gobiernos ni siglas. España necesita un reinicio moral, una ruptura real con la corrupción instalada y la despartidización de las instituciones del Estado.
El partido político IUSTITIA EUROPA ha formalizado en el día de hoy QUERELLA ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los miembros del CONSEJO DE MINISTROS del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón que participaron en la aprobación del Acuerdo de 9 de marzo de 2021. Dicho acuerdo autorizó el desembolso de 53.000.000 de euros en concepto de ayuda pública a la entidad PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A., a pesar de los indicios que apuntan a su absoluta inelegibilidad y a la existencia de una red de influencias ilícitas que habría predeterminado la decisión gubernamental. La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de delitos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y TRÁFICO DE INFLUENCIAS. La querella de Iustitia Europa se ancla en los reveladores indicios contenidos en el Auto de 18 de mayo de 2026 dictado por el Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción n.º 2, antiguo Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional. Según dicha resolución, el rescate de Plus Ultra habría sido el “eslabón final” de una operativa orquestada por una trama liderada presuntamente por el expresidente JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO y su entorno, denominada internamente como “Boutique Financiera”.
La instrucción ha revelado indiciariamente la existencia de un contrato del 1 %, equivalente a aproximadamente 530.000 euros, vinculado a la obtención de la ayuda pública, lo que apuntaría a que la resolución del Consejo de Ministros no respondió al interés general, sino a una posible mediación interesada. Es especialmente grave el dato de que los implicados conocieran la fecha exacta de aprobación en el Consejo de Ministros semanas antes de que se produjera, lo que situaría al Ejecutivo no como un órgano engañado, sino como el supuesto ejecutor de una hoja de ruta predeterminada.
La querella articula una tesis de responsabilidad penal individualizada en el seno de un órgano colegiado, fundamentada en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el "torcimiento del derecho" y la "ceguera deliberada" (Sentencia del Tribunal Supremo 749/2022, de 13 de septiembre). Se sostiene que el Acuerdo de 9 de marzo de 2021 no constituye un acto político de discrecionalidad gubernativa, sino una resolución administrativa reglada sujeta a los estrictos presupuestos de elegibilidad del Real Decreto-ley 25/2020, cuya vulneración flagrante —al autorizar el rescate de una entidad que se encontraba en situación de crisis técnica e insolvencia a 31 de diciembre de 2019 y que mantenía deudas ejecutivas con la Seguridad Social— integra los elementos objetivos y subjetivos de los delitos de Prevaricación Administrativa (Artículo 404 del Código Penal) y Malversación de Caudales Públicos (Artículo 432 del Código Penal).
La querella subraya que la existencia de una presunta red de intermediación ilícita, que habría pactado una "cuota de éxito" del 1 % y conoció anticipadamente la resolución gubernamental semanas antes de su adopción, vicia de nulidad radical el proceso decisorio. La formación política argumenta que la colegialidad no puede operar como un refugio de impunidad ni como una técnica de disolución de la responsabilidad penal cuando se acredita que el órgano decisor omitió los controles esenciales ante alertas de inelegibilidad, permitiendo que el patrimonio público fuera destinado a un fin ajeno al legalmente previsto, lo que vincula directamente la decisión del Consejo de Ministros con la operativa de Tráfico de Influencias (Artículos 428 a 430 del Código Penal) descrita en la investigación del Tribunal Central de Instancia.
A juicio de Luis Maria Pardo, y de manera indiciaria, el Consejo de Ministros actuó como el eslabón final de una cadena de transmisión de una resolución materialmente injusta, la mas grande de todas. El Acuerdo era un acto de disposición patrimonial, lo que vincula la decisión directamente con el supuesto delito de Malversación de caudales públicos del Artículo 432 del Código Penal. Si se autorizó la salida de dinero público hacia una entidad que legalmente no podía recibirlo, se ha producido un desvío de fondos de su finalidad legítima.
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha señalado: “Sánchez ha quedado unido indisolublemente al futuro judicial Zapatero. El rescate de Plus Ultra no es un episodio aislado, sino una radiografía del poder político cuando utiliza las instituciones como una maquinaria al servicio de intereses privados. España no puede seguir gobernada bajo la sospecha permanente de la mordida, el favor y la impunidad. O la sociedad actúa, o aceptamos ser espectadores de nuestra propia decadencia.”
Un clamor por el Reinicio Moral de España
Desde el movimiento se denuncia que el caso Plus Ultra no es un hecho aislado, sino el paradigma de una corrupción total y sistémica que asfixia a España. La formación señala que el país asiste con estupor a una sucesión interminable de escándalos que afectan al núcleo familiar, político e institucional de Sánchez, desde las investigaciones sobre David Sánchez, Begoña Gómez y Santos Cerdán, hasta el caso Ábalos y las sospechas sobre financiación irregular del PSOE, pasando por un Fiscal General del Estado condenado, España ya no vive una sucesión de escándalos aislados: vive una corrupción total del sistema. Para Iustitia Europa, la utilización partidista de las instituciones, del dinero público y de los órganos del Estado exige una respuesta inmediata. No basta con cambiar gobiernos ni siglas. España necesita un reinicio moral, una ruptura real con la corrupción instalada y la despartidización de las instituciones del Estado.
