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La Audiencia Provincial condena a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo y reconoce el papel esencial de las acusaciones populares imponiendo las costas a los condenados
Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 +0200
14 de julio de 2026
Iustitia Europa destaca que la sentencia reafirma el papel esencial de la acción popular y reivindica el trabajo jurídico dirigido por Luis María Pardo.
a Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria en el procedimiento seguido por la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación Provincial de Badajoz, declarando la responsabilidad penal de David Sánchez y de Miguel Ángel Gallardo, entre otros acusados, por los hechos relacionados con la creación y adjudicación del puesto público que ocupó el hermano del presidente del Gobierno.
Para Iustitia Europa, la resolución constituye un hito en la defensa del Estado de Derecho y de la acción popular, al acreditar que ninguna persona puede situarse por encima del principio de legalidad y que la sociedad civil organizada dispone de instrumentos eficaces para exigir responsabilidades cuando las instituciones no cumplen su función. La Fiscalía pidió el archivo; la acción popular llevó el caso hasta la condena Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que el Ministerio Fiscal no formuló acusación y solicitó el sobreseimiento de la causa.
Pese a ello, las acusaciones populares sostuvieron la acción penal hasta la celebración del juicio oral y la obtención de una sentencia condenatoria. La propia resolución recoge que las acusaciones populares modificaron sus conclusiones definitivas durante el juicio y solicitaron la imposición de las costas procesales, incluidas las ocasionadas por las acusaciones populares. Para Iustitia Europa, este hecho demuestra la importancia de la acción popular cuando otros operadores jurídicos no sostienen la acusación, permitiendo que procedimientos de especial relevancia lleguen hasta una sentencia . La condena en costas: un reconocimiento a la acción popular La Audiencia Provincial no se limita a dictar una condena penal. También impone las costas correspondientes a los delitos por los que existe condena e incluye las ocasionadas por las acusaciones populares.
Este pronunciamiento tiene un enorme valor jurídico porque reconoce que la actuación de las acusaciones populares fue necesaria para el desarrollo del procedimiento y para la protección del interés general. No se trata únicamente de una consecuencia económica. La condena en costas supone que quienes han sido declarados responsables deberán asumir también el coste del procedimiento impulsado por quienes ejercieron la acción penal en defensa de la legalidad y del correcto funcionamiento de la Administración Pública. Un puesto creado para una persona determinada Entre los hechos declarados probados, la Audiencia afirma que los responsables de la Diputación de Badajoz decidieron crear el puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón. La sentencia describe cómo se tramitó la creación de la plaza, la fijación de criterios de valoración favorables al candidato finalmente seleccionado y las posteriores actuaciones administrativas relacionadas con ese puesto. La resolución judicial constituye uno de los pronunciamientos más relevantes dictados en materia de prevaricación administrativa en los últimos años y reafirma el principio de que el acceso al empleo público debe regirse por los principios de mérito, capacidad e igualdad.
El trabajo jurídico de Iustitia Europa Iustitia Europa quiere reconocer expresamente el trabajo desarrollado por su equipo jurídico, capitaneado por el abogado director Luis María Pardo Rodríguez, junto con los letrados Rubén Gutiérrez Sobrino y Alicia Gómez Cuéllar, integrantes del espacio jurídico de Iustitia Europa. Desde el inicio del procedimiento, el equipo jurídico defendió una estrategia procesal propia basada en la independencia de la acusación popular, convencido de que los procedimientos de máxima relevancia institucional exigen que cada acusación pueda sostener libremente su propia posición jurídica.
Esa estrategia permitió mantener una actuación autónoma durante toda la causa, adaptar las conclusiones definitivas al resultado de la prueba practicada en el juicio oral y desarrollar una intensa actividad probatoria y de interrogatorio www.iustitiaeuropa.es Página 2 de 4 orientada al completo esclarecimiento de los hechos. Declaración de Luis María Pardo Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y director de la acusación popular ejercida por la organización, ha manifestado: “Esta sentencia demuestra que la sociedad civil organizada puede llegar donde otras instituciones decidieron no llegar. Cuando la Fiscalía pidió el archivo, las acusaciones populares mantuvimos viva la acción penal hasta obtener una condena.” Asimismo, ha destacado la importancia de la condena en costas: “La Audiencia no solo condena a los responsables.
También reconoce que quienes sostuvieron la acción penal en defensa del interés general no deben soportar el coste económico de combatir la corrupción. Ese coste corresponde a quienes han sido condenados.” Finalmente, ha querido poner en valor el trabajo del equipo jurídico de Iustitia Europa: Quiero agradecer el extraordinario trabajo desarrollado por Rubén Gutiérrez Sobrino y Alicia Gómez Cuéllar. Esta sentencia es el resultado de muchos meses de estudio, preparación y una estrategia jurídica independiente que ha demostrado que la acción popular, ejercida con rigor y profesionalidad, sigue siendo una herramienta imprescindible para combatir la corrupción y garantizar que nadie esté por encima de la ley."
Más que una sentencia Para Iustitia Europa, esta resolución trasciende el caso concreto. La sentencia demuestra que la acción popular sigue siendo uno de los instrumentos más eficaces para combatir la corrupción y preservar el principio de igualdad ante la ley. La sociedad civil ha demostrado que puede investigar, sostener la acusación y obtener condenas cuando existen indicios suficientes y un compromiso firme con la defensa del interés general. Iustitia Europa continuará ejerciendo la acción popular allí donde sea necesario para defender la legalidad, la independencia judicial y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Porque Iustitia Europa no es solo una acusación popular. Es el partido político de la sociedad civil.
Somos más que un partido. Somos tu partido.
Para Iustitia Europa, la resolución constituye un hito en la defensa del Estado de Derecho y de la acción popular, al acreditar que ninguna persona puede situarse por encima del principio de legalidad y que la sociedad civil organizada dispone de instrumentos eficaces para exigir responsabilidades cuando las instituciones no cumplen su función. La Fiscalía pidió el archivo; la acción popular llevó el caso hasta la condena Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que el Ministerio Fiscal no formuló acusación y solicitó el sobreseimiento de la causa.
Pese a ello, las acusaciones populares sostuvieron la acción penal hasta la celebración del juicio oral y la obtención de una sentencia condenatoria. La propia resolución recoge que las acusaciones populares modificaron sus conclusiones definitivas durante el juicio y solicitaron la imposición de las costas procesales, incluidas las ocasionadas por las acusaciones populares. Para Iustitia Europa, este hecho demuestra la importancia de la acción popular cuando otros operadores jurídicos no sostienen la acusación, permitiendo que procedimientos de especial relevancia lleguen hasta una sentencia . La condena en costas: un reconocimiento a la acción popular La Audiencia Provincial no se limita a dictar una condena penal. También impone las costas correspondientes a los delitos por los que existe condena e incluye las ocasionadas por las acusaciones populares.
Este pronunciamiento tiene un enorme valor jurídico porque reconoce que la actuación de las acusaciones populares fue necesaria para el desarrollo del procedimiento y para la protección del interés general. No se trata únicamente de una consecuencia económica. La condena en costas supone que quienes han sido declarados responsables deberán asumir también el coste del procedimiento impulsado por quienes ejercieron la acción penal en defensa de la legalidad y del correcto funcionamiento de la Administración Pública. Un puesto creado para una persona determinada Entre los hechos declarados probados, la Audiencia afirma que los responsables de la Diputación de Badajoz decidieron crear el puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón. La sentencia describe cómo se tramitó la creación de la plaza, la fijación de criterios de valoración favorables al candidato finalmente seleccionado y las posteriores actuaciones administrativas relacionadas con ese puesto. La resolución judicial constituye uno de los pronunciamientos más relevantes dictados en materia de prevaricación administrativa en los últimos años y reafirma el principio de que el acceso al empleo público debe regirse por los principios de mérito, capacidad e igualdad.
El trabajo jurídico de Iustitia Europa Iustitia Europa quiere reconocer expresamente el trabajo desarrollado por su equipo jurídico, capitaneado por el abogado director Luis María Pardo Rodríguez, junto con los letrados Rubén Gutiérrez Sobrino y Alicia Gómez Cuéllar, integrantes del espacio jurídico de Iustitia Europa. Desde el inicio del procedimiento, el equipo jurídico defendió una estrategia procesal propia basada en la independencia de la acusación popular, convencido de que los procedimientos de máxima relevancia institucional exigen que cada acusación pueda sostener libremente su propia posición jurídica.
Esa estrategia permitió mantener una actuación autónoma durante toda la causa, adaptar las conclusiones definitivas al resultado de la prueba practicada en el juicio oral y desarrollar una intensa actividad probatoria y de interrogatorio www.iustitiaeuropa.es Página 2 de 4 orientada al completo esclarecimiento de los hechos. Declaración de Luis María Pardo Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y director de la acusación popular ejercida por la organización, ha manifestado: “Esta sentencia demuestra que la sociedad civil organizada puede llegar donde otras instituciones decidieron no llegar. Cuando la Fiscalía pidió el archivo, las acusaciones populares mantuvimos viva la acción penal hasta obtener una condena.” Asimismo, ha destacado la importancia de la condena en costas: “La Audiencia no solo condena a los responsables.
También reconoce que quienes sostuvieron la acción penal en defensa del interés general no deben soportar el coste económico de combatir la corrupción. Ese coste corresponde a quienes han sido condenados.” Finalmente, ha querido poner en valor el trabajo del equipo jurídico de Iustitia Europa: Quiero agradecer el extraordinario trabajo desarrollado por Rubén Gutiérrez Sobrino y Alicia Gómez Cuéllar. Esta sentencia es el resultado de muchos meses de estudio, preparación y una estrategia jurídica independiente que ha demostrado que la acción popular, ejercida con rigor y profesionalidad, sigue siendo una herramienta imprescindible para combatir la corrupción y garantizar que nadie esté por encima de la ley."
Más que una sentencia Para Iustitia Europa, esta resolución trasciende el caso concreto. La sentencia demuestra que la acción popular sigue siendo uno de los instrumentos más eficaces para combatir la corrupción y preservar el principio de igualdad ante la ley. La sociedad civil ha demostrado que puede investigar, sostener la acusación y obtener condenas cuando existen indicios suficientes y un compromiso firme con la defensa del interés general. Iustitia Europa continuará ejerciendo la acción popular allí donde sea necesario para defender la legalidad, la independencia judicial y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Porque Iustitia Europa no es solo una acusación popular. Es el partido político de la sociedad civil.
Somos más que un partido. Somos tu partido.
