INADMITEN LA QUERELLA CONTRA EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA

NOTA DE PRENSA

• EL TSJCV INADMITE LA QUERELLA DE IUSTITIA EUROPA CONTRA EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT POR SU GESTIÓN DE LA GOTA FRIA(DANA).
• SE INTERPONDRÁ RECURSO DE SÚPLICA FRENTE AL AUTO DEL TSJCV.

Valencia, 23 de diciembre de 2024. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido el auto 97/2024 en el que inadmite, entre otras, la querella presentada por Iustitia Europa contra el President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su presunta responsabilidad penal en la gestión de la GOTA FRÍA (DANA) que afectó gravemente a la región el pasado mes de octubre. La resolución señala que las investigaciones deben iniciarse en los Juzgados de Instrucción correspondientes, con posibilidad de remitir el caso al TSJCV si se hallan indicios sólidos de responsabilidad penal contra el aforado.

La querella presentada por Iustitia Europa se centraba en la presunta comisión de los supuestos delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva e imprudencia grave con resultado de muerte. En el escrito se aportaba una exposición de hechos sobre la presunta responsabilidad del President de la Generalitat de no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir o mitigar los efectos devastadores de la DANA, dejando a la población desprotegida durante días críticos.

Desde Iustitia Europa, se argumentó que las alertas emitidas por la AEMET y otras autoridades advertían de una situación de emergencia que requería la activación inmediata de los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, entre otros. Sin embargo, estas medidas no fueron tomadas con la premura necesaria, lo que, según la querella, contribuyó a una tragedia que dejó centenares de fallecidos y daños incalculables.

Hay que recordar que la Sala decidió unificar todas las querellas y denuncias en la causa especial 55/2024 (originada por la querella de Iustitia Europa) que exclusivamente se dirigía hacia el Sr. Mazón para iniciar una investigación que buscaba depurar las responsabilidades del Presidente de la Generalitat en una tragedia sin precedentes.

Luis María Pardo ha señalado que "El TSJCV ha optado por una interpretación extremadamente restrictiva de las normas de aforamiento, exigiendo unos indicios que, en esta etapa procesal, no siempre son posibles de acreditar de manera exhaustiva. Esto podría estar limitando el acceso efectivo a la justicia en casos donde la gravedad de los hechos justifica una investigación más profunda desde el primer momento."

Pardo ha indicado también que "El auto desestima los indicios presentados por Iustitia Europa basándose en la falta de concreción y solidez, sin valorar adecuadamente que las responsabilidades del President de la Generalitat son, por su naturaleza, de carácter eminentemente directivo y organizativo. Este enfoque pasa por alto la relevancia de la inacción en una posición de máxima autoridad en la gestión de emergencias."

Desde Iustitia Europa señalamos que la decisión del TSJCV de remitir las actuaciones a los Juzgados de Instrucción fragmenta innecesariamente la investigación, prolongando el procedimiento y diluyendo la centralidad de las imputaciones contra el aforado principal. Este enfoque no favorece la eficiencia procesal ni la justicia material.  

El auto refleja una desconexión preocupante entre el sistema judicial y la necesidad de dar una respuesta rápida y eficaz a los ciudadanos afectados por la tragedia. Esto no solo afecta a la percepción pública de la justicia, sino que también pone en entredicho la capacidad del sistema para abordar situaciones excepcionales con la diligencia que exigen porque, no podemos olvidar, que estamos ante una tragedia humana con centenares de vidas humanas perdidas, de familias rotas y de daños materiales de miles de millones de euros.

La formación señala que se interpondrá recurso de súplica ante el TSJCV para insistir en que los hechos denunciados requieren una respuesta jurídica contundente y a la altura de la gravedad de lo ocurrido en el que la justicia no puede mirar hacia otro lado cuando la negligencia institucional ha costado tantas vidas humanas y daños materiales.