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IUSTITIA EUROPA LOGRA LA PRIMERA ADMISIÓN DE UNA DENUNCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS POR EL CASO DAVID SÁNCHEZ.
Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0200
28 de julio de 2026
- LA DENUNCIA PRESENTADA POR IUSTITIA EUROPA ES LA PRIMERA QUE SUPERA EL TRÁMITE INICIAL.
- ES REMITIDA A LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA DEPURAR LA RESPONSABILIDAD CONTABLE DERIVADA DE LA CREACIÓN DE LAS PLAZAS DE DAVID SÁNCHEZ Y LUIS CARRERO.
El partido político Iustitia Europa informa de que el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia presentada por esta formación política en relación con la posible responsabilidad contable derivada de la creación de los puestos de trabajo ocupados por David Sánchez Pérez-Castejón y Luis María Carrero Pérez en la Diputación Provincial de Badajoz, acordando dar traslado del expediente a la Sección de Enjuiciamiento para que, si procede, continúe la tramitación legal prevista en los artículos 46 y siguientes de la Ley 7/1988.
Con esta decisión, Iustitia Europa se convierte en la primera organización política de la sociedad civil, que consigue que una denuncia de estas características sea admitida y derive a la fase de enjuiciamiento contable, abriendo la puerta a la depuración de las responsabilidades económicas que pudieran derivarse del perjuicio ocasionado a las arcas públicas.
La denuncia presentada por Iustitia Europa solicita que se investiguen las retribuciones abonadas por la Diputación Provincial de Badajoz como consecuencia de unas plazas que la propia Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz calificó como "innecesarias y vacías de contenido", con el objetivo de que, en su caso, se reintegren los fondos públicos indebidamente satisfechos.
El traslado acordado por el Tribunal de Cuentas resulta además determinante para evitar cualquier riesgo de prescripción de una eventual responsabilidad contable, garantizando que los hechos puedan ser analizados por el órgano competente.
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha señalado: "Mientras otros se limitan a comentar sentencias o anunciar acciones, nosotros actuamos. Esta es la primera denuncia que supera el trámite inicial y abre la vía para exigir responsabilidades contables por el dinero de todos los españoles. Nuestro compromiso no termina con una condena penal; continúa hasta lograr la devolución de hasta el último euro a las arcas públicas."
Iustitia Europa reafirma así su compromiso con la defensa del interés general y con la recuperación de los fondos públicos presuntamente perjudicados, utilizando todas las herramientas jurídicas que el ordenamiento pone a disposición de la sociedad civil.
Con esta decisión, Iustitia Europa se convierte en la primera organización política de la sociedad civil, que consigue que una denuncia de estas características sea admitida y derive a la fase de enjuiciamiento contable, abriendo la puerta a la depuración de las responsabilidades económicas que pudieran derivarse del perjuicio ocasionado a las arcas públicas.
La denuncia presentada por Iustitia Europa solicita que se investiguen las retribuciones abonadas por la Diputación Provincial de Badajoz como consecuencia de unas plazas que la propia Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz calificó como "innecesarias y vacías de contenido", con el objetivo de que, en su caso, se reintegren los fondos públicos indebidamente satisfechos.
El traslado acordado por el Tribunal de Cuentas resulta además determinante para evitar cualquier riesgo de prescripción de una eventual responsabilidad contable, garantizando que los hechos puedan ser analizados por el órgano competente.
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha señalado: "Mientras otros se limitan a comentar sentencias o anunciar acciones, nosotros actuamos. Esta es la primera denuncia que supera el trámite inicial y abre la vía para exigir responsabilidades contables por el dinero de todos los españoles. Nuestro compromiso no termina con una condena penal; continúa hasta lograr la devolución de hasta el último euro a las arcas públicas."
Iustitia Europa reafirma así su compromiso con la defensa del interés general y con la recuperación de los fondos públicos presuntamente perjudicados, utilizando todas las herramientas jurídicas que el ordenamiento pone a disposición de la sociedad civil.
