IUSTITIA EUROPA RECURRE EL AUTO DEL SUPREMO DEL 9 DE NOVIEMBRE QUE RECHAZA SUSPENDER CAUTELARMENTE EL VOTO DE LOS HIJOS NACIONALIZADOS POR LA LEY DE NIETOS

Iustitia Europa interpone recurso de reposición ante el Tribunal Supremo para que revoque su auto de 9 de noviembre y acuerde la suspensión cautelar de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes —CERA— correspondientes a los hijos mayores de edad que adquirieron la nacionalidad mediante el denominado Anexo III de la Ley de Memoria Democrática, mientras se comprueban sus antecedentes. El recurso de reposición sostiene que la proximidad de las elecciones exige una respuesta urgente para preservar la regularidad del censo y evitar que una eventual sentencia estimatoria llegue cuando los sufragios ya hayan sido contabilizados.

La formación sitúa esta actuación en el procedimiento iniciado a raíz de su denuncia ante la Junta Electoral Central del 28 de junio. Iustitia Europa recuerda que planteó la necesidad de revisar las consecuencias electorales de la aplicación de la Ley de Nietos antes de la convocatoria de las elecciones. Aquella iniciativa dio paso a la controversia judicial en la que el Supremo acordó medidas cautelares el 10 de septiembre y dictó nuevas resoluciones el 12 y el 23 de octubre para asegurar su cumplimiento. «Advertimos del problema el 28 de junio, cuando todavía había tiempo para comprobar los expedientes. Hemos sostenido el procedimiento, solicitado medidas y exigido su cumplimiento. Ahora pedimos que ese trabajo tenga una consecuencia efectiva: que las inscripciones cuestionadas se comprueben antes de que sus efectos electorales sean irreversibles», señala Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa.
El recurso destaca que el auto impugnado reconoce circunstancias sobrevenidas y considera que la ampliación solicitada guarda una relación «directa y necesaria» con las medidas anteriores. Sin embargo, la mayoría de la Sala rechaza acordarla por las dificultades de ejecución, la proximidad electoral y la protección de la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso.

Iustitia Europa impugna esa ponderación. A su juicio, la resolución no explica suficientemente por qué tampoco podrían realizarse comprobaciones sucesivas, aprovecharse los expedientes ya examinados y aplicarse medidas de menor alcance conforme fueran identificándose los casos. «La estabilidad electoral debe descansar en un censo ajustado a Derecho. Cuando la regularidad de unas inscripciones está sometida a los tribunales, hay que hacer todo lo necesario para esclarecerlas a tiempo. La falta de tiempo exige actuar con urgencia y concretar qué puede hacerse todavía», afirma Pardo. El escrito concede especial importancia al retraso en la entrega de información. Recuerda que el Auto de 23 de octubre calificó de incomprensible la falta de remisión de la relación nominal después de más de mes y medio y acordó requerimientos personales a los ministros concernidos, con apercibimientos. También invoca el criterio establecido el 12 de octubre: la Administración no puede alegar imposibilidad material de cumplimiento cuando esta deriva de su propia actuación. «Los retrasos de la Administración no pueden terminar perjudicando a quienes acudieron a los tribunales para exigir garantías. Si los expedientes están en poder de los organismos públicos, corresponde identificarlos, aportar los datos y cumplir las resoluciones judiciales», sostiene el presidente de Iustitia Europa. La dimensión del colectivo constituye otro de los argumentos del recurso. La resolución examina una cifra de 189.678 personas vinculadas al Anexo III. La formación solicita determinar cuántas están incorporadas al CERA aplicable y en qué circunscripciones, así como identificar a sus progenitores y la vía por la que estos adquirieron la nacionalidad. Ese desglose resulta necesario para conocer el alcance electoral de las situaciones cuestionadas.

El recurso recoge asimismo que, dentro del colectivo de 163.355 progenitores examinado, 901 contaban con la acreditación considerada necesaria para quedar exceptuados de la suspensión. Iustitia Europa considera que este dato refuerza la necesidad de comprobar la situación de los hijos y reconocer las excepciones que correspondan individualmente.

La formación hace suyo el razonamiento del voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, favorable a la ampliación. Su advertencia resulta central para el recurso: una rectificación del censo posterior a las elecciones puede carecer de utilidad para reparar los efectos de votos ya incorporados al resultado.
«La distribución provincial importa. En una circunscripción, una diferencia reducida puede decidir el último escaño y repercutir en las mayorías parlamentarias. Por eso exigimos datos y comprobaciones. Una vez mezclados y contabilizados los votos, el secreto del sufragio impide identificar cuáles pudieran haberse emitido indebidamente», explica Pardo.

La petición permite recibir los sufragios afectados, manteniéndolos separados y bajo custodia mientras se determina su situación. Subsidiariamente, solicita identificar a todos los electores del Anexo III incorporados al CERA y limitar la suspensión a los supuestos vinculados a los progenitores afectados por las medidas anteriores y a aquellos cuyo antecedente jurídico no haya podido esclarecerse antes de producir efectos electorales.
«La denuncia del 28 de junio tenía un propósito concreto: conseguir que las garantías se comprobaran antes de votar. Seguimos defendiendo ese mismo objetivo. La confianza en las instituciones exige que las dudas sobre el censo reciban una respuesta eficaz cuando todavía puede evitarse el perjuicio», concluye Pardo.